RESUMEN: ¿Qué ordenó la Corte sobre la minería con mercurio en la Amazonía? La Corte Constitucional de Colombia, emitió una sentencia que protegió los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí en la Amazonía, frente a los graves impactos generados por la minería de oro con uso de mercurio. El alto tribunal reconoció que esta actividad representa una amenaza directa a la salud, el territorio, la identidad cultural y la soberanía alimentaria de las comunidades, y dispuso medidas concretas de protección y remediación.
Esta sentencia se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de 1991, los tratados internacionales sobre pueblos indígenas y el derecho fundamental al ambiente sano. ¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos y qué efectos prácticos tiene este fallo?
¿Qué establece la Sentencia T-106 de 2025 de la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional, en revisión de una acción de tutela interpuesta por asociaciones indígenas contra más de 20 entidades estatales, concluyó que la minería aurífera con uso de mercurio en la Amazonía vulnera múltiples derechos fundamentales colectivos. Entre los principales hallazgos se destacan:
- Contaminación con mercurio documentada en fuentes de agua, peces y cuerpos humanos.
- Afectación grave a la salud, especialmente en mujeres, con enfermedades nunca antes vistas.
- Desestructuración de sistemas alimentarios tradicionales, al contaminar la principal fuente de proteína: el pescado.
- Desconocimiento del autogobierno indígena, pese a las normas que reconocen a los pueblos como autoridades ambientales y territoriales.
Normas referenciadas: Constitución de 1991 (arts. 7, 79, 330), Ley 70 de 1993, Ley 99 de 1993, Decreto Ley 632 de 2018, Ley 1658 de 2013 (prohibición de mercurio en minería), entre otras.
¿A quiénes aplica y cuáles son los efectos?
Este fallo tiene un alcance colectivo e interinstitucional. Aplica a:
- Consejos y autoridades indígenas del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí (Amazonas y Vaupés).
- Entidades del Gobierno nacional, como los ministerios de Ambiente, Minas, Salud, Interior y Defensa, entre otros.
- Autoridades ambientales como Corpoamazonía, Parques Nacionales y la ANLA.
Efectos prácticos:
- Reconocimiento del macroterritorio como espacio biocultural protegido.
- Orden de suspender la minería y comenzar un plan integral de remediación ambiental.
- Implementación de sistemas de salud propios indígenas y de articulación con el sistema general de salud.
- Medidas diferenciales para mujeres, debido a su rol en el sistema alimentario tradicional.
Recomendación: Las entidades públicas deben actualizar sus planes de acción y concertarlos con las autoridades indígenas. Las empresas con interés en operar en la Amazonía deben abstenerse de iniciar proyectos sin consulta previa y sin respetar los límites normativos.
Recomendaciones y cumplimiento
La Corte ordenó un conjunto de medidas divididas en tres niveles:
- Acciones inmediatas: detener actividades mineras contaminantes, garantizar protección a líderes indígenas y preservar fuentes hídricas.
- Planes a mediano y largo plazo: restauración ambiental, implementación de sistemas de salud integrales, fortalecimiento de seguridad alimentaria.
- Instancias de seguimiento: audiencias semestrales, veeduría indígena y participación de la sociedad civil.
Plazos: La ejecución de las órdenes deberá iniciarse de inmediato y estar sujeta a seguimiento por el juez de primera instancia cada seis meses.
Documentos y coordinación institucional: Se deben elaborar planes con enfoque intercultural, informes técnicos y estrategias integrales de protección ambiental y cultural.
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