RESUMEN: ¿Cómo trasladar un contrato de leasing habitacional a otra entidad? Quienes tienen un contrato de leasing habitacional cuentan con una nueva regla específica para solicitar su traslado a otra entidad autorizada. El Decreto 0977 de 2026 establece expresamente que el locatario podrá portar su contrato y, además, permite que el inmueble objeto del leasing sea transferido a otra entidad autorizada cuando el cambio se desarrolle mediante un proceso de portabilidad financiera solicitado por el propio locatario. La regulación incorpora así el leasing habitacional dentro del esquema de portabilidad financiera y establece las condiciones normativas para que este producto pueda trasladarse entre entidades.
El leasing habitacional tiene una regla específica dentro del nuevo esquema de portabilidad financiera. El Decreto 0977 de 2026 modifica el Decreto 2555 de 2010 para reconocer expresamente que el locatario puede portar su contrato de leasing habitacional a otra entidad facultada para realizar este tipo de operaciones.
La modificación no se limita al contrato. El decreto también establece una regla sobre los bienes inmuebles objeto de estos contratos: las entidades autorizadas podrán transferirlos a otras entidades autorizadas cuando la operación se realice dentro de un proceso de portabilidad financiera solicitado por el locatario.
De esta manera, la regulación específica aborda tanto el derecho del locatario a portar el contrato como la posibilidad de transferir el inmueble asociado al mismo.
El Decreto, permite al locatario portar su contrato de leasing habitacional a otra entidad autorizada para realizar estas operaciones. Además, establece que el inmueble objeto del contrato podrá ser transferido a otra entidad autorizada cuando la transferencia se realice dentro de un proceso de portabilidad financiera solicitado por el locatario.
¿Puede un locatario trasladar su contrato de leasing habitacional a otra entidad?
Sí. La regulación incorpora expresamente esta posibilidad al régimen del leasing habitacional.
El decreto adiciona un literal al artículo 2.28.1.2.1. del Decreto 2555 de 2010 para establecer que el locatario podrá portar el contrato de leasing habitacional a cualquier otra entidad facultada para realizar operaciones de leasing habitacional.
La regla identifica dos elementos relevantes.
El primero es el titular de la decisión: el locatario. Es este quien puede solicitar la portabilidad del contrato.
El segundo es la entidad a la que puede trasladarse: debe tratarse de otra entidad que esté facultada para realizar operaciones de leasing habitacional.
Por tanto, la disposición no establece un traslado indiscriminado hacia cualquier entidad financiera. La entidad destino debe estar facultada para realizar operaciones de leasing habitacional.
La regulación reconoce así de manera expresa la posibilidad de que el contrato pase de una entidad autorizada a otra dentro del esquema de portabilidad financiera.
¿Qué pasa con el inmueble objeto del contrato de leasing habitacional?
El decreto también modifica la regulación relacionada con los bienes inmuebles objeto de contratos de leasing habitacional.
La disposición mantiene la posibilidad de que las entidades autorizadas transfieran estos bienes a sociedades titularizadoras o sociedades fiduciarias cuando la transferencia tenga como finalidad desarrollar procesos de titularización de los flujos derivados de los contratos, a partir de universalidades o patrimonios autónomos, respectivamente.
Pero incorpora una posibilidad adicional directamente relacionada con la portabilidad financiera.
Las entidades autorizadas podrán transferir a otras entidades autorizadas los bienes objeto de contratos de leasing habitacional cuando la transferencia se realice en desarrollo de un proceso de portabilidad financiera solicitado por el locatario.
Esta regla es importante porque vincula el traslado del contrato con el tratamiento del inmueble que es objeto del leasing.
Así, la regulación no se limita a permitir que el contrato sea portado. También contempla expresamente la transferencia del bien entre entidades autorizadas cuando esa operación forme parte del proceso de portabilidad solicitado por el locatario.
¿Quién puede recibir un contrato de leasing habitacional mediante portabilidad?
La entidad destino debe estar facultada para realizar operaciones de leasing habitacional.
La regla específica del leasing habitacional establece que el contrato puede ser portado a cualquier otra entidad facultada para realizar estas operaciones.
Esta condición coincide con la estructura general del esquema de portabilidad financiera, en el que intervienen una entidad origen y una entidad destino.
La entidad origen es la que administra el producto objeto de la portabilidad, mientras que la entidad destino es aquella a la que el consumidor financiero desea trasladarlo.
En el caso del leasing habitacional, la regulación específica permite que la entidad destino sea otra entidad autorizada para realizar operaciones de esta naturaleza.
¿Cómo se relaciona el leasing habitacional con el esquema general de portabilidad financiera?
El leasing habitacional está incluido expresamente entre los productos sujetos a portabilidad financiera.
El capítulo de portabilidad financiera establece que pueden ser objeto del proceso los productos de crédito de la cartera comercial, salvo los créditos colocados mediante procedimientos de redescuento; los productos de crédito de la cartera de consumo; y los productos de crédito de la cartera hipotecaria, incluido el leasing habitacional.
Por ello, el tratamiento particular del leasing habitacional debe leerse junto con las reglas generales del procedimiento.
El consumidor financiero presenta la solicitud ante la entidad destino. Con su autorización, esta solicita el certificado de portabilidad a la entidad origen, que debe enviarlo dentro del plazo establecido. Posteriormente, la entidad destino realiza el estudio y decide si acepta o rechaza la solicitud.
En otras palabras, la regulación específica del leasing reconoce que este producto puede ser portado, mientras que el capítulo de portabilidad establece el procedimiento mediante el cual debe desarrollarse ese traslado.
¿Qué ocurre cuando el locatario solicita la portabilidad del leasing habitacional?
La solicitud de portabilidad es una manifestación expresa de voluntad del consumidor financiero ante una entidad destino para solicitar el traslado de uno o varios productos financieros.
Una vez presentada la solicitud, la entidad destino inicia el estudio de portabilidad. Este análisis se apoya en la información contenida en el certificado de portabilidad y en la información asociada a la vinculación del titular mediante el sistema de finanzas abiertas u otros medios.
La entidad destino deberá decidir si acepta o rechaza la solicitud.
Cuando la solicitud sea aceptada, deberá presentar una oferta de portabilidad. Esta debe contener condiciones claras, completas y comparables, incluyendo como mínimo las condiciones económicas, tasas, plazos, comisiones, costos asociados, vigencia y términos aplicables.
El consumidor financiero tendrá cinco días hábiles para aceptar o rechazar la oferta. Si la acepta, la entidad destino formalizará la apertura del producto y la entidad origen emitirá el paz y salvo correspondiente, sin perjuicio de las reglas especiales aplicables a las garantías.
¿La portabilidad del leasing habitacional tiene costo para el locatario?
El decreto establece una regla general de gratuidad para el proceso de portabilidad financiera.
El proceso no podrá generar costos, sanciones ni cobros adicionales al consumidor financiero, aunque la propia regulación establece una salvedad para los costos asociados al traspaso, avalúo, cesión o subrogación de las garantías que respaldan el producto.
Además, la regulación dispone que la portabilidad de créditos hipotecarios no generará derechos notariales, registrales ni impuestos de timbre, conforme a lo establecido en la Ley 546 de 1999.
El locatario también puede desistir del proceso antes de que la entidad destino presente la oferta o rechazar la oferta una vez presentada, sin que ello genere costos, penalidades o reportes negativos.
Una vez aceptada la oferta, sin embargo, el decreto establece que el consumidor no podrá desistir del proceso de portabilidad financiera.
¿Qué cambia específicamente para el leasing habitacional?
La principal novedad específica es que la regulación incorpora de manera expresa el derecho del locatario a portar su contrato de leasing habitacional hacia otra entidad facultada para realizar estas operaciones.
A esto se suma una regla directamente relacionada con el inmueble: las entidades autorizadas podrán transferir a otras entidades autorizadas los bienes objeto de contratos de leasing habitacional cuando esa transferencia se produzca dentro de un proceso de portabilidad financiera solicitado por el locatario.
El decreto, por tanto, incorpora el leasing habitacional al esquema general de portabilidad y, al mismo tiempo, introduce reglas particulares para que el traslado del contrato pueda estar acompañado por la transferencia del inmueble objeto del leasing.
La regulación específica debe entenderse dentro del procedimiento general de portabilidad financiera, que contempla solicitud, certificado, estudio, oferta y aceptación.
¿Cuándo podrá implementarse el esquema de portabilidad del leasing habitacional?
El decreto establece reglas de implementación que también alcanzan al esquema de portabilidad financiera del que forma parte el leasing habitacional.
Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación deberán habilitar el acceso a la información que integra el certificado de portabilidad dentro de un plazo máximo de 12 meses contados desde la expedición de los estándares asociados al esquema. La Superintendencia Financiera podrá ampliar este término, por una única vez, hasta por seis meses.
Además, la Superintendencia Financiera deberá incluir el esquema de portabilidad financiera en el cronograma para la expedición de los estándares correspondientes y establecer instrucciones con los plazos máximos y procedimientos que deberán cumplir las entidades vigiladas que intervengan en el proceso.
El régimen de transición establece que la Superintendencia deberá publicar los estándares y definir la información que deberá reportarse dentro de un plazo máximo de 24 meses a partir de la entrada en vigencia del decreto.
Por ello, aunque el decreto reconoce el derecho y establece el marco jurídico, su implementación requiere el desarrollo de los estándares y condiciones previstos en la propia regulación.
La regulación específica del leasing habitacional introduce una posibilidad concreta para los locatarios: portar su contrato hacia otra entidad facultada para realizar operaciones de leasing habitacional. Además, contempla que el inmueble objeto del contrato pueda ser transferido a otra entidad autorizada cuando esa operación haga parte del proceso de portabilidad solicitado por el locatario.
La importancia práctica de esta regulación está en que el leasing habitacional no queda solamente incluido de manera general dentro de los productos susceptibles de portabilidad. El decreto incorpora reglas expresas sobre el contrato y sobre el inmueble asociado a este. Su aplicación, sin embargo, se encuentra vinculada al desarrollo de los estándares y mecanismos de implementación previstos para el esquema general de portabilidad financiera.
Ver a continuación decreto Minhacienda sobre: ¿Cómo trasladar un contrato de leasing habitacional a otra entidad?
DECRETO 0977 DE 2026
(agosto 4)
Diario Oficial No. 53.578 de 5 de agosto de 2026
<Rige a partir del 6 de agosto de 2026>
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
<Consultar la vigencia de esta norma directamente en los artículos que modifica y/o adiciona>
Por medio del cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con el esquema de portabilidad financiera.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 94 de la Ley 2294 de 2023,
CONSIDERANDO:
Que el sistema financiero colombiano ha logrado grandes avances en temas de transformación digital e innovación en la oferta de productos y servicios, junto con un incremento de nuevos actores, fortaleciendo así la competitividad dentro del sector.
Que, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, se establece como uno de sus objetivos el promover la inclusión financiera y crediticia mediante la ampliación del acceso a servicios financieros formales y la promoción de la competencia, por lo que se reconoce la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan a los consumidores financieros una mayor libertad para elegir y trasladar sus productos entre entidades financieras.
Que el artículo 94 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo) establece que el consumidor financiero tendrá derecho a solicitar el traslado de los productos financieros que tenga en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia a otra, junto con la información general y transaccional asociada a los mismos, así como que las entidades vigiladas deben garantizar a dicho consumidor financiero el ejercicio del derecho a la portabilidad.
Que, de conformidad con el artículo 94 de la Ley 2294 de 2023, corresponde al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentar el derecho a la portabilidad financiera.
Que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la portabilidad financiera puede fomentar la competencia en servicios financieros y, a su vez, promover la inclusión financiera y crediticia de la población tradicionalmente excluida al fomentar la entrada de nuevos competidores al sistema financiero y habilitar la innovación y el desarrollo de nuevos o mejores productos o servicios que respondan a las necesidades particulares de los consumidores financieros.
Que el Título 8 del Libro 35 de la Parte 2 del Decreto número 2555 de 2010 establece las reglas del Sistema de Finanzas Abiertas de carácter obligatorio, atendiendo los objetivos de política pública propuestos por el Gobierno nacional en materia de acceso, uso y. aprovechamiento de datos para facilitar el acceso a productos y servicios financieros, promover la inclusión financiera y crediticia mediante el acceso a nuevas fuentes de información y el desarrollo de nuevos modelos de negocio que respondan a las necesidades de los consumidores financieros.
Que es necesario incorporar un marco normativo que desarrolle el derecho que tienen los consumidores financieros a la portabilidad de sus productos financieros en los términos del artículo 94 de la Ley 2294 de 2023, así como las reglas para que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia puedan prestar los servicios relacionados con el ejercicio del mencionado derecho.
Que la implementación del esquema de finanzas abiertas obligatorio constituye un primer paso en la construcción de un sistema de datos abiertos que promueva la inclusión financiera y crediticia de la población tradicionalmente excluida, mediante el acceso a nuevas fuentes de información, y que habilite el desarrollo de servicios que fomenten la competencia y la innovación en el sistema financiero, dentro de los cuales se encuentra la portabilidad financiera.
Que las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia Mundial de la Vida» (PND), Ley 2294 de 2023, establecen el reconocimiento e impulso de la Economía Popular y Comunitaria como catalizador del eje de Seguridad y Justicia Social de la mencionada ley, priorizando así la importancia de las políticas públicas que impulsen el acceso a financiamiento y brinden facilidades a los consumidores financieros en la gestión de sus productos.
Que la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7o de la Ley 1340 de 2009, emitió concepto previo sobre el presente decreto mediante oficio radicado 26-152580-4-0 de fecha 11 de mayo de 2026 recomendó: «En relación con el artículo 4 que adiciona el artículo 2.35.8.8.7 al Decreto número 2555 de 2010: Detallar con mayor profundidad las justificaciones técnicas, jurídicas y económicas por las que cada tipo de producto financiero es incluido excluido del sistema de portabilidad».
Que de conformidad con lo anterior, se acoge la recomendación de la Superintendencia de Industria y Comercio, atendiendo que resulta procedente concentrar el esquema de portabilidad financiera en productos de crédito, dado que dicho segmento presenta tanto las mayores asimetrías de información y acceso para los consumidores financieros, como el mayor potencial de impacto en materia de competencia e inclusión financiera, en concordancia con los objetivos de financiamiento de la economía popular previstos en el PND.
Que los productos de crédito cuentan, por regla general, con condiciones contractuales objetivas y comparables que facilitan su trazabilidad, comparación y potencial traslado entre entidades, pero no con un esquema de portabilidad claro entre entidades, lo que conlleva al consumidor financiero a incurrir en costos de traslado sobre sus productos.
Que, dentro del trámite del proyecto de decreto se cumplió con los requisitos previstos en el numeral 8 del artículo 8o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo y en el Decreto número 1081 de 2015.
Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) aprobó el contenido del presente Decreto, mediante sesión ordinaria 05 del 27 de marzo de 2026.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Adiciónese un literal l) al artículo 2.28.1.2.1. del Decreto número 2555 de 2010, el cual quedará así:
«l) El locatario podrá portar el contrato de leasing habitacional a cualquier otra entidad facultada para realizar operaciones de leasing habitacional».
ARTÍCULO 2o. Modifíquese el segundo inciso del artículo 2.28.1.3.1. del Decreto número 2555 de 2010, el cual quedará así:
«En todo caso, las entidades autorizadas podrán transferir a sociedades titularizadoras o a sociedades fiduciarias los bienes inmuebles objeto de contratos de leasing habitacional, cuando dicha transferencia tenga por objeto el desarrollo de procesos de titularización de flujos derivados de dichos contratos a partir de universalidades o patrimonios autónomos, respectivamente. Así mismo, las entidades autorizadas podrán transferir a otras entidades autorizadas los bienes objeto de contratos de leasing habitacional en el desarrollo de un proceso de portabilidad financiera solicitado por el locatario».
ARTÍCULO 3o. Adiciónese el numeral 4 al artículo 2.35.8.2.1. del Decreto número 2555 de 2010, el cual quedará así:
«4. El servicio de portabilidad financiera».
ARTÍCULO 4o. Adiciónese el Capítulo 8 al Título 8 del Libro 35 de la Parte 2 del Decreto número 2555 de 2010, el cual quedará así:
«CAPÍTULO 8
Portabilidad Financiera
Artículo 2.35.8.8.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer el marco normativo para el ejercicio del derecho a la portabilidad financiera como un servicio prestado dentro del sistema de finanzas abiertas, de conformidad con el artículo 2.35.8.2.1 del presente decreto, con el fin de facilitar al consumidor financiero el traslado de productos financieros entre entidades participantes, garantizando condiciones de transparencia, interoperabilidad, protección al consumidor y libre elección.
Artículo 2.35.8.8.2. Portabilidad financiera. De conformidad con el artículo 94 de la Ley 2294 de 2023, se entenderá por portabilidad financiera el derecho del consumidor financiero a solicitar en cualquier momento el traslado de los productos financieros que tenga en su entidad origen, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a una entidad destino, también vigilada por dicha Superintendencia, junto con la información asociada al certificado de portabilidad financiera conforme a lo dispuesto en el artículo 2.35.8.8.9 del presente decreto.
En desarrollo de lo mencionado en el inciso anterior, el consumidor financiero deberá manifestar a la nueva entidad la intención de portar uno o más productos financieros, y esta deberá dar inicio al estudio de portabilidad a fin de pronunciarse positiva o negativamente sobre dicha solicitud.
Artículo 2.35.8.8.3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo aplican a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera participantes del sistema de finanzas abiertas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.35.8.2.3 del presente decreto, que ofrezcan productos financieros susceptibles de portabilidad en los términos del artículo 2.35.8.8.7 del presente decreto.
El ejercicio del derecho a la portabilidad financiera deberá desarrollarse bajo los principios establecidos en el artículo 2.35.8.1.5 del presente decreto, y en las condiciones de acceso y tratamiento de la información establecidas en el Capítulo 3 del Título 8 del Libro 35 de la Parte 2 del presente decreto.
Artículo 2.35.8.8.4. Definiciones. Para efectos del presente capítulo se adoptarán las siguientes definiciones:
1. Entidad origen: Es el Proveedor de Datos que administra el producto objeto de portabilidad financiera.
2. Entidad destino: Es el Tercero Receptor de Datos vigilado al que el consumidor financiero desea trasladar su producto.
3. Solicitud de portabilidad: Es la manifestación expresa de voluntad realizada por el consumidor financiero ante una entidad destino, mediante la cual solicita el traslado de uno o varios productos financieros que tenga con cualquier entidad origen, de conformidad con lo establecido en los artículos del 2.35.8.3.1 al 2.35.8.3.5 del presente decreto.
4. Certificado de portabilidad: Es el documento del que trata el artículo 2.35.8.8.9. del presente decreto.
5. Estudio de portabilidad: Es el estudio realizado por la entidad destino con el fin de determinar si acepta o rechaza la solicitud de portabilidad realizada por el consumidor financiero de acuerdo con las políticas y procedimientos de gestión de riesgos de la entidad, así como de conformidad con los procedimientos para la vinculación de clientes. Dicho estudio de portabilidad estará soportado en la información contenida en el certificado de portabilidad, junto con la información asociada a la vinculación del titular a través del sistema de finanzas abiertas u otros medios.
6. Oferta de portabilidad: Es la oferta presentada por la entidad destino al consumidor financiero en los términos del artículo 2.35.8.8.10 del presente decreto.
7. Entidades participantes: Son las entidades origen y entidades destino que el consumidor financiero elija para solicitar el servicio de portabilidad financiera.
Artículo 2.35.8.8.5. Comunicación oportuna y trazabilidad. El consumidor financiero deberá manifestar a la entidad destino la intención de portar uno o más productos financieros, y esta deberá dar inicio al estudio de portabilidad a fin de pronunciarse positiva o negativamente y sin dilación sobre dicha solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.35.8.8.8. del presente decreto.
El consumidor financiero podrá presentar varias solicitudes de portabilidad a diferentes entidades destino. No obstante, solo podrá aceptar una oferta de portabilidad por parte de una entidad destino. Una vez aceptada una oferta, las demás solicitudes de portabilidad vigentes para ese producto perderán validez.
Artículo 2.35.8.8.6. Gratuidad. El proceso de portabilidad financiera no podrá generar ningún tipo de costo, sanción o cobro adicional al consumidor financiero, sin perjuicio de los costos asociados al traspaso, avalúo, cesión o subrogación de garantías que respaldan el producto y a lo dispuesto en el literal g) del artículo 5o de la Ley 1328 de 2009.
La portabilidad de créditos hipotecarios no generará derechos notariales, registrales ni impuestos de timbre, de conformidad con lo establecido en la Ley 546 de 1999.
PARÁGRAFO. El consumidor financiero podrá desistir del proceso de portabilidad en cualquier momento antes de la presentación de la oferta por la entidad destino, o rechazarla una vez presentada, sin que ello genere costos, penalidades o reportes negativos.
Artículo 2.35.8.8.7. Productos sujetos a la portabilidad financiera. Serán susceptibles de un proceso de portabilidad financiera los siguientes productos financieros:
1. Productos de crédito contemplados en la cartera comercial, exceptuando los créditos colocados mediante procedimientos de redescuento.
2. Productos de crédito contemplados en la cartera de consumo.
3. Productos de crédito contemplados en la cartera hipotecaria, incluido el leasing habitacional.
Artículo 2.35.8.8.8. Procedimiento. La portabilidad financiera se ejercerá conforme al siguiente procedimiento:
1. El consumidor financiero presentará la solicitud de portabilidad a la entidad destino a través de los canales establecidos para ello por la entidad destino.
2. La entidad destino solicitará el certificado de portabilidad a la entidad origen, previa autorización del consumidor financiero. La entidad origen deberá enviar el certificado de portabilidad a la entidad destino, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles después de recibir la solicitud de la entidad destino.
3. La entidad destino realizará el estudio de portabilidad financiera y determinará si acepta o si rechaza la solicitud de portabilidad.
La entidad destino contará con un plazo máximo de treinta (30) días calendario para comunicarle al consumidor financiero su decisión cuando el producto esté respaldado por libranzas o garantías cuya naturaleza exija un registro o inscripción, o cuando dichas garantías se encuentren inscritas en el registro de garantías mobiliarias del que trata la Ley 1676 de 2013. En los demás casos, la entidad destino contará con plazo máximo de cinco (5) días calendario para comunicar su decisión al consumidor financiero.
4. La entidad destino comunicará al consumidor financiero su decisión sobre la solicitud de portabilidad presentada. En caso de ser negativa, la entidad destino deberá informar al consumidor financiero los motivos de su decisión, y en caso ser positiva, la entidad destino deberá presentarle una oferta de portabilidad al consumidor financiero.
5. El consumidor financiero tendrá cinco (5) días hábiles para aceptar o rechazar la oferta de portabilidad presentada por la entidad destino.
6. En caso de que el consumidor financiero acepte la oferta, la entidad destino formalizará la apertura del producto, junto con la información asociada. Por su parte, la entidad origen emitirá un paz y salvo respecto del producto portado, sin perjuicio del parágrafo 1o del presente artículo. Con lo anterior se dará por finalizado el procedimiento de portabilidad.
PARÁGRAFO 1o. Cuando el producto esté respaldado por libranzas o garantías cuya naturaleza exija un registro o inscripción, el proceso de portabilidad del producto se entenderá finalizado hasta tanto dicha garantía se registre en favor de la entidad destino.
PARÁGRAFO 2o. En el caso de productos con garantías reales, la entidad origen y la entidad destino podrán establecer un mecanismo de cesión o subrogación de la garantía y tendrá los efectos previstos por el artículo 1964 del Código Civil. En cualquier caso, la garantía cedida en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo respaldará el producto desembolsado por la entidad destino para el pago de la cesión.
PARÁGRAFO 3o. Habiendo aceptado la oferta de portabilidad, el consumidor financiero no podrá iniciar nuevas solicitudes de portabilidad sobre el mismo producto hasta tanto dicho proceso de portabilidad financiera no se haya finalizado en los términos del presente artículo.
PARÁGRAFO 4o. Una vez aceptada la oferta de portabilidad propuesta por la entidad destino, el consumidor financiero no podrá desistir del proceso de portabilidad financiera.
Artículo 2.35.8.8.9. Certificado de portabilidad financiera. El certificado de portabilidad financiera es el documento mediante el cual la entidad origen suministra a la entidad destino la información necesaria para que evalúe, compare y dé respuesta al traslado de un producto financiero solicitado por el consumidor financiero. El certificado deberá contener como mínimo:
1. La identificación del producto y de su titular.
2. El saldo vigente.
3. Las características del producto.
4. Los pagos y tarifas asociadas al pago del producto.
5. La existencia de garantías.
6. El historial transaccional de los últimos 12 meses del producto.
Cuando el producto esté respaldado por libranzas o garantías cuya naturaleza exija un registro o inscripción, o cuando dichas garantías se encuentren inscritas en el registro de garantías mobiliarias del que trata la Ley 1676 de 2013, el certificado de portabilidad contará con una vigencia de treinta (30) días calendario. En los demás casos, el certificado de portabilidad contará con una vigencia de cinco (5) días calendario.
La recepción del certificado de portabilidad por parte de la entidad destino deberá usarse exclusivamente para realizar el estudio de portabilidad. La información contenida no podrá ser utilizada para ningún tipo de fin comercial diferente al de generar una oferta de portabilidad.
PARÁGRAFO 1o. La emisión del certificado de portabilidad no constituye oferta ni aceptación por parte de la entidad destino o del consumidor financiero, ni genera obligación de portabilidad automática.
PARÁGRAFO 2o. El certificado de portabilidad financiera constituye un estándar de información generado en el marco del sistema de finanzas abiertas, conforme lo establecido en los artículos 2.35.8.4.1. y 2.35.8.4.2. del presente decreto.
Artículo 2.35.8.8.10. Oferta de portabilidad. Se entenderá como oferta de portabilidad aquella que presente la entidad destino al consumidor financiero, como resultado del estudio de portabilidad. La oferta deberá contener condiciones claras, completas y comparables, incluyendo como mínimo las condiciones económicas, tasas, plazos, comisiones, costos asociados, vigencia, y términos aplicables. En todo caso, la oferta presentada en el marco de la portabilidad se entenderá como irrevocable en los términos del artículo 846 del Código Comercio.
Artículo 2.35.8.8.11. Deberes de las entidades participantes. Las entidades participantes deberán:
1. Implementar mecanismos que aseguren la interoperabilidad del sistema.
2. Poner a disposición del consumidor financiero todos los canales disponibles, para orientar al consumidor financiero sobre el proceso de portabilidad financiera y recibir solicitudes de portabilidad.
3. Garantizar el acceso seguro, estandarizado y gratuito a la información necesaria para ejercer el derecho a la portabilidad financiera.
4. Abstenerse de imponer barreras técnicas, contractuales o económicas que impidan o desincentiven el ejercicio de este derecho.
5. Dar al consumidor financiero información clara, y oportuna sobre el proceso de portabilidad financiera.
6. Establecer mecanismos para que el consumidor financiero pueda desistir del proceso de portabilidad financiera.
7. Establecer protocolos para la atención de quejas o controversias durante el proceso de portabilidad financiera.
8. Actuar con debida diligencia para que la expedición del certificado de portabilidad, el estudio de portabilidad, la apertura del producto en la entidad destino Y el cierre en la entidad origen ocurran sin interrupciones o duplicidades en el proceso.
9. Verificar que la información del certificado de portabilidad ha sido transferida a la entidad destino correctamente.
10. Facilitar mecanismos de cancelación o desvinculación desde la entidad origen y de vinculación desde la entidad destino cuando el producto esté asociado a garantías globales o seguros colectivos, de manera que no se impida el ejercicio de la portabilidad financiera y sin que ello conlleve un costo adicional para el consumidor financiero.
11. Solicitar, por parte de la entidad destino y previa autorización expresa del consumidor financiero, a la entidad aseguradora correspondiente el cambio de beneficiario del seguro asociado al producto portado cuando este se encuentre asociado a un seguro individual.
12. Facilitar mecanismos de desvinculación, cesión, subrogación o cancelación que no impidan el ejercicio de la portabilidad financiera, sin que ello conlleve un costo adicional para el consumidor financiero, cuando la entidad origen, directa o indirectamente, haya asociado el producto a esquemas estructurados o de titularización.
Artículo 2.35.8.8.12. Reporte de información. Las entidades participantes deberán remitir la información que la Superintendencia Financiera de Colombia requiera para efectos de realizar un adecuado seguimiento a la implementación del esquema de portabilidad financiera, en línea con lo dispuesto en el artículo 2.35.8.7.1. del presente decreto.
Artículo 2.35.8.8.13. Plazos para habilitar el acceso. Las entidades a las que hace referencia el artículo 2.35.8.8.3 del presente decreto deberán habilitar el acceso a la información que compone el certificado de portabilidad financiera, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 2o del artículo 2.35.8.8.9 del presente decreto, dentro de un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir de la expedición de los estándares asociados al esquema de portabilidad financiera a los que hace referencia el artículo 2.35.8.4.1 del presente decreto.
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá ampliar, por una única vez, el término previsto en el inciso anterior hasta por seis (6) meses».
ARTÍCULO 5o. INCLUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PORTABILIDAD DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ESTANDARIZACIÓN. La Superintendencia Financiera de Colombia deberá incluir el esquema de portabilidad financiera dentro del cronograma que publicará para la expedición de los estándares a los que hace referencia el artículo 2.35.8.4.1 del Decreto número 2555 de 2010 en un plazo máximo de dos (2) meses posteriores a la publicación del cronograma de estandarización.
Las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia de conformidad con lo descrito en el inciso anterior deberán incluir los plazos máximos y procedimientos que deben cumplir aquellas entidades vigiladas que intervengan en el proceso de portabilidad financiera, diferenciando por tipos de cartera y/o producto financiero.
Para los procesos de portabilidad financiera que requieran de trámites o procesos con terceras partes no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta Superintendencia deberá establecer los plazos y procesos que sus entidades vigiladas deberán realizar, una vez estos trámites con dichas terceras partes hayan sido adelantados, para finalizar el procedimiento de portabilidad en los términos del artículo 2.35.8.8.8. del Decreto número 2555 de 2010.
ARTÍCULO 6o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La Superintendencia Financiera de Colombia publicará los estándares a los que hace referencia el artículo 2.35.8.8.9. del Decreto número 2555 de 2010 y definirá la información por ser reportada a la que se refiere el artículo 2.35.8.8.12. del Decreto número 2555 de 2010 en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
ARTÍCULO 7o. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir del día siguiente a su publicación, adiciona el literal 1) al artículo 2.28.1.2.1, modifica el inciso segundo del artículo 2.28.1.3.1., adiciona el numeral 4 al artículo 2.35.8.2.1 del Decreto número 2555 de 2010 y adiciona el Capítulo 8 al Título 8 del Libro 35 de la Parte 2 del Decreto número 2555 de 2010.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2026.
GUSTAVO PETRO URREGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
GERMÁN ÁVILA PLAZAS
Puedes encontrar más información sobre: ¿Cómo trasladar un contrato de leasing habitacional a otra entidad? en minhacienda.gov.co
Además del tema relacionado con: ¿Cómo trasladar un contrato de leasing habitacional a otra entidad?, quizás te interese leer: ¿El leasing financiero permite acceder a los incentivos tributarios de la Ley 1715? – Concepto DIAN No. 3086 de 2026